México. elmercado.mx. (CM). Imposible separar los términos de la propuesta fiscal que ha presentado el gobierno federal, de las condiciones políticas del país -en especial de las reacciones a la reforma educativa- y del debilitamiento de la actividad económica.
Se pensaba que el gobierno federal había evaluado las variables políticas y la forma en que los actores centrales reaccionarían a una reforma hacendaria seria, profunda y sustentable.
O quizá por ello. Porque el gobierno federal evaluó con cuidado ambos factores, al final decidió abordar el problema de la recaudación por el lado menos problemático posible.
Hubiera sido el lance gubernamental más embarazoso de la década, con el poco comprendido propósito de intentar acercar a México al grupo de países que recaudan un porcentaje decoroso (¿12-14%?) del PIB.
Vale recordar que, sin considerar la aportación anual de Pemex, el total de impuestos recaudados por el gobierno federal representó en el 2012 apenas el 9.7% del PIB, el menor entre 34 economías nacionales de la OCDE, de la que formamos parte.
Para eludir el espinoso tema de aplicar un IVA extensivo al consumo cotidiano, con objeto de aumentar la recaudación en beneficio expreso de una mayor redistribución, los sucesivos gobiernos han optado por múltiples vías que terminan siendo transitorias, complejas, diferenciadas, graduales y, en el mejor de los casos, suplementarias.
¿De dónde sacar más recursos cada año para desplegar una política social activa, que influya en las condiciones de vida de la gente que más necesita de ello, y a la vez ejercer mayor inversión en educación, en infraestructura y en seguridad?
Como señala Reuters, la “aplicación del impuesto sobre las ventas de alimentos y medicinas es una papa caliente política en México y su omisión va a diluir el impacto de la reforma, ya que era visto como una de las maneras más eficaces para recaudar más ingresos”.
No es que necesariamente la propuesta que ha entregado el gobierno federal vaya a permanecer igual después del análisis de los legisladores; sin embargo, se percibe que la intención oficial ha sido obtener el mayor apoyo político posible –incluido el del PRD- y evitar que el tema sea factor de debate agitado durante las próximas semanas, como para poner en riego el resto de las reformas.
El equilibrio interno de la propuesta requerirá de un análisis detenido, pues plantea algunos cambios significativos que reclaman una proyección precisa.
Destaca el esbozo de pensión universal, el seguro de desempleo y otras medidas para paliar la situación de casi la mitad de la población que lo requiere.
Disminuyen las cuotas de seguridad social para los trabajadores de bajos ingresos, aparecen impuestos al consumo de combustibles con carbono y plaguicidas; y se impone mayor gravamen a bebidas dulces que fomentan la obesidad. Bien.
Desaparece el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), y se busca incorporar más trabajadores y pequeños empresarios formales a la economía. Se menciona con vaguedad aún cierto régimen de incorporación fiscal para nuevos emprendedores o negocios informales que decidan regularizarse. Veremos la propuesta de reglamentación de un proceso de por sí difícil de instrumentar.
Habría que ver el mecanismo e impacto del nuevo impuesto del 10% sobre ganancias y dividendos de la bolsa de valores.
Pronto surgirán las voces que insistirán en deducir los porcentajes de las pérdidas en la bolsa de valores, que por cierto suelen resultar tan frecuentes, estadísticamente, como las propias ganancias.
En cambio, si el gravamen en la bolsa es por dividendos, será absolutamente manejable, porque incluso suelen estar calendarizados.
Habría que ver reacciones a la propuesta de aplicación uniforme del IVA en el país, ya sin diferencias en regiones fronterizas (es de creerse que más de algún organismo empresarial-gobierno estatal propiciarán voces contrarias).
Sobre todo, habría que esperar las reacciones a una mayor “extracción” del ISR (32%), en especial porque -creemos- se trata de personas físicas que cuentan con foros en los medios de comunicación, incluidos los legisladores.
Pero el mayor cambio que plantea la propuesta tiene que ver con la trayectoria del presupuesto anual de las últimas décadas, mismo que los gobiernos desde finales de la década de 1990 se habían empeñado en lograr: un déficit presupuestal cero, como fundamento de las finanzas públicas sanas.
La propuesta muestra coherencia, por otro lado, al atender lo que había sido el compromiso 72 del Pacto por México, en el sentido de eliminar el régimen de consolidación fiscal, del que se beneficiaron durante años las grandes empresas.
Finalmente, se antoja que, con esta propuesta, el presidente Enrique Peña Nieto está planteando en los hechos una reorientación de la política económica, urgido como está de revertir en el corto plazo la tendencia que le marca el débil crecimiento económico del país en el 2103.
Si lo creemos, habría que aceptar que su propuesta intenta no afectar a los que menos tienen y, de algún modo, sacrifica metas económicas que habían sido selladas por todos los actores. Al mismo tiempo, le anima el promover un horizonte en el que se obtenga una sostenida tasa de crecimiento anual de entre 5 y 6%.
Con todo, si tenía tan clara la reorientación, el presidente podría haber adoptado hace tiempo mayor consistencia en sus anuncios e interpretaciones económicas, aceptando -por ejemplo-, que estaría dispuesto a relajar la disciplina en el manejo del déficit presupuestal (“excepción”) , y eludiendo cualquier expectativa profunda y sustentable de mejora en la captación impositiva.
De otro modo, se puede interpretar como una reorientación política, es decir, de oportunidad.
Con información de: Secretaría de Hacienda, Presidencia de la República, Reuters.
